Joseph Nicelli, embalsamador de profesión, desviaba los cadáveres hacia un cuarto trasero de su empresa funeraria. Allí, en condiciones sanitarias tenebrosas, extraía todo lo que fuera vendible, como tejidos y huesos. Para que el cadáver no perdiera consistencia, metía tuberías en el cuerpo del difunto antes de coserlo. Michael Mastromarino le pagaba 500 dólares por cadáver, y éste vendía el material extraído por 8000 en el mercado negro. La fiscalía de Nueva York ha destapado los detalles de la investigación más macabra de su historia.
El cuarteto de la muerte se completa con otros dos procesados, Lee Cruceta y Christopher Aldorasi, ayudantes de Mastromarino y Nicelli en la trama de robo y venta de tejidos humanos. Con métodos poco sofisticados y una impunidad sorprendente, entre los cuatro desguazaron 1077 cadáveres. Al estupor de las familias de esos difuntos se suma el terror de quienes recibieron, sin saberlo, tejidos que nunca fueron sometidos a ningún “control de calidad”.
La investigación ha durado 15 meses y ha obligado a exhumar muchos de los cadáveres usados en este contrabando. La lista de cuerpos empleados incluye la de un personaje conocido por el público de televisión de Estados Unidos y Gran Bretaña: Alistair Cooke. Presentador de Masterpiece Theater durante años en la televisión estadounidense y colaborador habitual de la BBC, Cooke murió en Nueva York en 2004 a los 95 años de edad. Sus tejidos y huesos están posiblemente repartidos entre pacientes que nunca imaginaron la involuntariedad del donante.
Los miembros del clan falsificaban documentos para que los individuos fallecidos apareciesen como donantes en vida. Además, manipulaban los certificados de defunción para hacer creer a los compradores que el fallecimiento se había producido a una edad más temprana y por enfermedades que no dañan los tejidos trasplantados, como infartos. La mayoría de los cuerpos asaltados pertenecen a personas que, por edad o por su enfermedad, nunca podrían haber donado órganos o tejidos. Cooke murió de cáncer a los 95 años; en los papeles falsificados falleció de infarto a los 85. La fiscalía mostró radiografías tétricas de los cadáveres en las que pueden verse tuberías huecas en el interior de las piernas, implantadas de manera chapucera. En algunos de los ataúdes se han encontrado guantes y delantales.
Según Charles Hynes, el fiscal de Brooklyn que ha encabezado la investigación, los procesados “no tomaban ninguna precaución para asegurar que los tejidos trasplantados estaban libres de enfermedades o defectos”. Hynes comparó los detalles de la investigación con “una película barata de terror”. Las autoridades reconocen que el comercio legal de tejidos humanos no está sometido a suficientes controles. Además, la compraventa de tejidos, tendones, músculos y piel se ha disparado porque la comunidad científica investiga cada vez más aplicaciones en su trasplante. El seguimiento de estos productos humanos es más complicado que el de los órganos clásicos usados en trasplantes.
La cobertura de Mastromarino la proporcionaba su empresa de Nueva Jersey, Biomedical Tissues Services Ltd., que recibió hace un mes la orden de cierre de las autoridades sanitarias por la falta de garantías médicas en el control de materiales. Los cadáveres procedían de casas funerarias en Nueva York, Pennsylvania y Nueva Jersey. De allí eran enviados a la funeraria de Brooklyn Daniel, George & Sons, para ser embalsamados. Cuando eran devueltos para su entierro o incineración, los cadáveres ya habían sido desmenuzados.
La historia cuenta con otro elemento profundamente estadounidense: abogados a la caza de clientes. Decenas de letrados de todo el país tratan de localizar a los receptores de los tejidos robados para poder reclamar indemnizaciones astronómicas de las que ellos se llevarían un porcentaje. The New York Times cita a un abogado de Carolina del Sur, Kevin Dean, queya ha firmado contratos con 85 clientes en 19 estados: “Muchas enfermedades, como el sida o la hepatitis C, tienen un largo período de gestación”, dice Dean.
Mastromarino, un dentista que ya había perdido su licencia médica, ha amasado 4,6 millones de dólares con su plan. El juez lo dejó en libertad bajo una fianza de 1,5 millón de dólares. Para los otros implicados las fianzas fueron menores porque actuaban sólo como intermediarios entre los cadáveres y el contrabandista. Los cuatro –que se declararon inocentes ante el juez– están acusados en total de 125 delitos, entre ellos disección ilegal de cadáveres. La pena máxima a la que se enfrentan es de 25 años de cárcel.
Javier del Pino
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